La Corte Penal Internacional condenó a uno de los señores de la guerra colombiana, Rodrigo Londoño Echeverry, alias 'Timochenko', a 14 años de cárcel por reclutar niños soldados. 'Timochenko' fue hallado culpable de secuestrar a niños y niñas menores de 15 años y obligarlos a luchar en la guerra de la República de Colombia en las últimas dos décadas.
Con este encabezado, pero cambiando el personaje, fue dada a conocer la noticia sobre la primera sentencia de la Corte Penal Internacional -CPI- que condenó al señor de la guerra congolés Thomas Lubanga Dyilo a 14 años de cárcel por secuestrar a niños y niñas menores de 15 años y obligarlos a luchar en una guerra en la República Democrática del Congo , en el 2002 y el 2003. Este es un escenario posible para Rodrigo Londoño Echeverry y para otros tantos "señores de la guerra colombiana" de izquierda y de derecha que, por largos años, han utilizado a niños, niñas y adolescentes -NNA-, vulnerándoles todos sus derechos.
De acuerdo con distintas fuentes, los grupos armados ilegales en la actualidad tendrían en sus filas entre 5.000 y 15.000 niños, niñas y adolescentes. La Defensoría del Pueblo de Colombia sostiene que son 8.000, la organización internacional Human Rigths Watch dice que son 11.000, el estudio Maya-Nasa, de las comunidades indígenas, plantea que son más de 14.000, el último informe del Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza calcula la vinculación entre 14.000 y 17.000 NNA en toda Colombia, y para el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, entre el 2009 y el 2011 "el reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados ilegales siguen siendo generalizados y sistemáticos".
Sin embargo, el estudio más completo que existe, realizado por la firma Econometría en el 2009 para el ICBF, 'Actualización de tendencias en la participación de niños, niñas y adolescentes en los grupos armados ilegales en Colombia', sostiene que entre las bacrim, las Farc y el Eln tendrían en sus filas, en un escenario bajo, 5.000 NNA, y en uno alto, 6.600, que representan 1 de cada 3 adultos que actúan en estos grupos, sin tener en cuenta su vinculación en redes de apoyo. Cualquiera que sean las cifras, tarde o temprano los señores de la guerra van a tener que responder ante la justicia por este delito de lesa humanidad, y ojalá se haga ante tribunales colombianos y, si no, la CPI, cojeando, llegará.
Este tema, frente a un eventual proceso de paz debería asumirse desde ya por las partes involucradas; por parte de las Farc y del Eln, sin esperanzas y aplicando cierta ingenuidad de mi parte, deberían dejar que los NNA que actualmente tienen se desvinculen para que sean atendidos por el Estado a través del Programa de Atención NNA Víctimas de la Violencia, del ICBF, y deberían pasar de la retórica a los hechos y dejar de reclutar NNA para la guerra. Desde ya, sé que amanecerá y veremos actuar a la CPI.
Por parte del Estado, hay que fortalecer ya el buen programa que desde hace 10 años ejecuta el ICBF y que tendría que atender a varios miles de NNA desvinculados, con la participación activa y decidida de las instituciones estatales nacionales, departamentales y municipales obligadas a restituir los derechos vulnerados, como es el caso de educación, salud, cultura, Sena, entre otros, y, desde luego, de manera paralela, debe hacer los esfuerzos necesarios para que Farc, Eln y bacrim dejen esta práctica criminal. Cabe anotar que en estos dos campos el Estado colombiano ha venido trabajando en los últimos años, pero se requieren un mayor esfuerzo y, sobre todo, una mayor coordinación y compromiso entre sus agencias. Esta práctica criminal, ojalá más temprano que tarde, debe terminar.
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