TRONO MORAL (IV)

OIMOS, INDIFERENTES, COMO CRIMINALIZAN SISTEMATICAMENTE LAS OPERACIONES DE LA FUERZA PUBLICA. NO EXIGIMOS QUE SE LAS TRATE CON OBJETIVIDAD Y RESPETO.

Nos falta decisión para acompañar a las autoridades en el combate por el trono moral. Sabemos que la causa de la seguridad es justa y la del terrorismo es criminal; pero oimos, indiferentes, como criminalizan sistemáticamente las operaciones de la fuerza pública. No exigimos que se las trate con objetividad y respeto. Una revista y una cadena de emisoras "políticamente correctas" y "progres" venden como verdad ese sofisma inventado por las propias Farc (ver "sofismas del terrorismo en Colombia"): que combatirlas es una insensatez; que son inderrotables por que "tienen el apoyo del pueblo"; que qué cuentos de seguridad democrática; que bastará mantener un intercambio epistolar para que logremos un "acuerdo de paz", y que, para el efecto, entreguemos la personería nacional a "Colombianos y colombianas por la paz" ¡Que raro! Para ellos, los operativos de la fuerza pública siempre conllevan mala fe, sevicia, irrespeto de los derechos humanos. Recuerdo como denigraron de quienes dieron por sentado la autoría de las Farc en los actos terroristas de El Nogal, La Universidad Militar, y Caracol. Ellos, en cambio, ¡hicieron cerrada y férrea defensa del "buen nombre" de las Farc! Con insidia, echaron a rodar la bola sobre la constitución de una organización terrorista que quería "poner a pelear a la izquierda y la derecha dentro del gobierno". La banda Farc, ni corta ni perezosa, ordenó a su periódico Anncol, y a todos sus panegiristas, repetir el cuento en cuanta ocasión tuvieran a la mano. En la Colombia real -en los barrios de Bogotá y en los departamentos-, la cosa es a otro precio. Tomemos una muestra cualquiera En el Diario del Otún de Pereira, Jaime Castaño Torres escribió en su columna "Todos contra el Ejército...pero piden seguridad": la moda de la semana ha sido darle duro al Ejército por el problema de la prisión de Tolemaida. Darío Arismendi se hizo lenguas denunciando el "horrible hecho" y todos le hicieron coro, pero, a renglón seguido, pasan a pedir resultados al Ejército contra la guerrilla. El columnista Castaño nos recordó que existen la guerra política y la guerra jurídica y puso como ejemplo bien conocido el tildar a priori todo procedimiento de la autoridad como un "falso positivo". Poca trascendencia dimos la la pérdida del trono moral con el acuerdo que firmaron Obama-Santos. En el documento se da por sentado que en Colombia hay un genocidio contra los sindicalistas. Desde Medellín, el profesor Darío Acevedo puso los puntos sobre las íes en su blog y le dio elementos al gobierno para que se defienda de tamaño embuste: "La violencia en Colombia afecta a gentes de carne y hueso, a personas de todos los estamentos, clases sociales, oficios y profesiones. Algunos sectores han sido mas vulnerados que otros. No sé si habrá estadísticas (sobre) qué porcentaje de campesinos han sido asesinados por motivos o causas políticas o por ser jornaleros. Tampoco hay cifras sobre hacendados (...), ganaderos o cultivadores (...) víctimas de la violencia. (...) cada quien, a su manera, llora sus muertos. los familiares de médicos de dirigentes políticos, de policías y soldados, de maestros, de jóvenes barriales, de mujeres, de dirigentes cívicos (...). Los sindicalistas no han estado excentos del mal llamado "conflicto armado" y una Ong (la Escuela Nacional Sindical) de la que soy socio fundador y aún activo, ha venido realizando estudios estadísticos sobre la manera como la violencia afecta el sindicalismo Colombiano (...). En el periodo en que se aplicó la política de Seguridad Democrática (...) los informes se impregnaron de un sesgo ideológico y político (...): mostrar que Colombia era el país mas inseguro del planeta para el ejercicio del sindicalismo, en el que mas dirigentes sindicales eran asesinados y en el que la situación documentada desde 1986 se había puesto peor en los últimos años"
José Obdulio Gaviria
El Tiempo abril 13 de 2011 

EL CENTRO PENITENCIARIO MILITAR DE TOLEMAIDA

Aflora de nuevo el tema que encabeza las presentes reflexiones, con la crónica publicada por la revista Semana en su edición 1.509, con carátula impresionante intitulada "Tolemaida Resort", anglicismo este aún no aceptado por la Real Academia de la Lengua Española, que podríamos traducir como centro veraniego, lo que da desde el comienzo un carácter sensacionalista a la publicación. Sin información personal sobre la materia, no me ocuparé de analizar el reportaje en cuanto a su veracidad, actualización fotográfica y relatos atribuidos a reclusos o veraneantes del lugar. O, mas coloquialmente "veraneadero". Lo trascendental en este caso son dos cosas: la primera, establecer con toda precisión la realidad de los establecimientos carcelarios militares, y segunda: adoptar las medidas conducentes a erradicar cualquier desviación que pueda existir por fuera de la ley y de los reglamentos carcelarios especiales, que no se deben suprimir a priori, como pretenden muchas voces desconocedoras de la profundidad del problema. Comienzo por reafirmar algo que sostuve desde el comienzo: tengo absoluta confianza en los actuales mandos institucionales. El del Ejército, bajo responsabilidad directa del general Alejandro Navas Ramos, comandante de la Fuerza Terrestre, a quien conozco desde hace años y cuyos pasos por la exigente carrera de las armas he seguido con admiración y reconocimiento de sus cualidades profesionales y, específicamente, en el campo moral, me da garantía plena de que corregirá drásticamente las anomalías resultantes de la inspección en curso, como también de que aclarará a satisfacción los aspectos que justifícan, a la luz de la justicia, la razón de ser de tales establecimientos carcelarios. En el segundo de los temas enunciados arriba, estimo indispensable establecer ciertas precisiones para consideración de quienes no conozcan suficientemente la profundidad del problema. La primera se refiere al Fuero Militar, consagrado a nuestro ordenamiento constitucional desde los orígenes de la República. La Carta Magna de 1886 lo consagró en su artículo 221, complementado por el 217, y la ley determinó lo relativo a los regímenes carcelarios especiales. Denro de este orden de ideas, las prisiones militares existentes en Colombia no son creación arbitraria de las Fuerzas Militares, como tampoco están marginadas de las obligaciones y régimen disciplinario del sistema ordinario de prisiones de la nación. Las revelaciones que se han hecho sobre irregularidades merecen, como es obvio, cuidadosa atención del Gobierno y del mando militar. No obstante, deben tenerse en cuenta, como ya se dijo, las circunstancias particulares del conflicto armado para deducir la necesidad de que los militares acusados de delitos atroces, pero que aún esperan instancias superiores para un fallo definitivo, no sean enviados a prisiones donde puedan ser objeto de represalias y humillaciones por parte de malhechores comunes. Si esas instancias superiores llegaren a declarar inocentes a reos condenados, como ocurre con inusitada frecuencia, nada podrá restituir el honor mancillado ni los tremendos impactos familiares y sociales causados por sentencias que bien pueden ser resultado de la guerra jurídica montada contra las instituciones políticas y, por ende, militares. Si hay en marcha un proceso de examen y análisis de las irregularidades denunciadas, démosles un márgen de confianza al mando militar y a la comisión evaluadora civil-militar que lo realiza. Tan perjudiciales resultan las posibles fallas como la precipitud en condenar sin conocer la verdad pura.
General Alvaro Valencia Tovar
El tiempo abril 8 de 2011