LAS FARC HAN COMETIDO UN ACTO QUE NOS ESCANDALIZA

INCUMPLIMIENTO DE FARC IMPIDIO DOS LIBERACIONES

El Tiempo Lunes 14 de febrero de 2011

Ayer un helicóptero de la Fuerza Aérea Brasileña con la bandera de la Cruz Roja aterrizó tres veces en diferentes puntos del sur del Tolima para traer de vuelta al mayor Guillermo Solórzano y el cabo Salín Antonio Sanmiguel. Pero las Farc incumplieron su promesa de entregarlos.

LIBERACIONES QUEDAN EN VILO HASTA NUEVA ORDEN
El tiempo martes 15 de febrero de 2011.

Gobierno revisará los mecanismos para hacerlas. Santos dice que no autoriza a nadie para dialogar con la guerrilla.
El Gobierno dijo que no permitirá más improvisaciones en los procesos de liberación de secuestrados, luego del incidente del cambio, a última hora, de las coordenadas por parte de la guerrilla, lo que impidió que el mayor Guillermo Solórzano y el cabo Salín Sanmiguel volvieran a la libertad el domingo pasado. Los mecanismos para realizarlas están en evaluación e incluso existe la posibilidad de que las próximas se hagan por tierra y no por vía aérea, dijo ayer el presidente Santos. Dejó claro además, que no ha autorizado a nadie, ni piensa hacerlo para que sostenga "contactos con grupos al margen de la ley"

PIDEN INVESTIGAR A CUPULA DEL M-19 POR TOMA DEL PALACIO

"LA PROCURADURIA PIDIO CONDENAR A OCHO DE LOS GUERRILLEROS QUE PARTICIPARON EN LOS HECHOS, SOBRE LA BASE DE QUE COMETIERON DELITOS DE LESA HUMANIDAD"

"LA RESPONSABILIDAD DEL MANDO DEL M-19 RADICA EN EL DISEÑO DE LA TOMA DEL PALACIO, Y ESO LO CONTEMPLA EL ESTATUTO DE ROMA" - ALEJANDRO ORDOÑEZ - PROCURADOR GENERAL

Durante una audiencia de juicio contra ocho guerrilleros del M-19 por la muerte de dos vigilantes y el administrador del edificio del Palacio de Justicia hace 25 años, en medio de la toma que hizo ese grupo armado, la Procuraduría no solo pidió condenarlos por delitos de lesa humanidad, sino que solicitó que por estos hechos se investigue también a la entonces cúpula de la organización insurgente. Según el Ministerio Público, los ocho guerrilleros son responsables de homicidio. Tanto los dos vigilantes como el administrador fueron baleados durante el ingreso del comando guerrillero al Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985. Los miembros del M-19 mencionados en el juicio son Alfonso Humberto Jacquin Gutierrez, Amalia Sossa Sierra, Guillermo Elvencio Ruiz Gómez, Irma Franco Pineda (desaparecida), Israel Santamaria Rendón, Luis Francisco Otero Cifuentes, Rafael Arteaga Giraldo y Remberto Artunduaga Palomares. Aunque se supone que están muertos, su condena sería un precedente para actuar judicialmente contra otros ex integrantes del grupo guerrillero que fueron indultados o amnistiados. "No es capricho de la Procuraduría, no se podía actuar de manera diferente, existe certeza de la responsabilidad de estas personas y, aunque es una petición tardía, debe darse en defensa de las víctimas, la sociedad y la institucionalidad", dijo a EL TIEMPO el Procurador Alejandro Ordóñez. En su intervención en el juicio, el representante del Ministerio Público invocó el artículo 7 del Estatuto de Roma -marco legal de la Corte Penal Internacional- y dijo que de parte de los guerrilleros hubo "una conducta lesiva de la integridad personal y de la vida de las personas por ser cometida de manera sistemática y generalizada contra la población civil". A juicio de la Procuraduría, lo que ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985 fue una arremetida del M-19 "contra civiles ajenos al conflicto que representaban la rama jurisdiccional del poder público". También lamentó la tardía respuesta de la justicia en este caso y la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que mantuvo el proceso contra los guerrilleros por homicidio, pero que ordenó prescribir la acción penal contra los 8 acusados, por secuestro, hurto agravado, uso de documento público falso y rebelión. La decisión del Tribunal se produjo en septiembre del año pasado, en el marco de una apelación de la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas para que se revocara el fallo inicial del Juzgado Segundo Penal, que prescribió la acción penal por homicidio.

EL TIEMPO
Miércoles 2 de febrero de 2011